ACTA N° 05-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  dos de marzo del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, Lic. Jorge Segura Román en representación del Ministerio Público, Lic. Francisco Segura, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, a Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública, el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Licda. Odalia Campos Villalobos, Secretaria de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO I

Se aprueba el acta N°4-2005 del 16 de febrero de 2005.

ARTICULO II

El Lic. Ricardo Monge Bolaños, Secretario General Interino, en oficio N°1265-05 de fecha 18 de febrero del año en curso, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°11-05  celebrada el 17 de febrero del 2005, artículo V que dice:

“ En sesión N° 04-05 celebrada el 27 de enero último, artículo LVII, se dispuso comunicar a todos los despachos del Poder Judicial, incluyendo los del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, que todas las invitaciones para capacitación de sus servidores que se reciban, incluso las de organismos extranjeros, deben ser canalizadas, previamente a someterlas a conocimiento de este Consejo, por medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

En sesión N° 10-05 del 15 de febrero en curso, artículo IV, al conocer la revisión presentada por el Fiscal General de la República, de lo resuelto en el acuerdo anteriormente citado, se dispuso dar audiencia al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para que se pronunciara al respecto.

El licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 105-DG-05 de 11 de febrero en curso, expresó:

“A su vez, respetuosamente, procedo a solicitar reconsideración del acuerdo adoptado por ese Honorable Órgano en su sesión N°04-05 celebrada el pasado 27 de enero, según consta en el artículo LVII del acta correspondiente.

Específicamente, se trata de la disposición girada para que todas las invitaciones de capacitación de los servidores judiciales, incluso las que provengan de organismos extranjeros, sean canalizadas, previamente a someterlas a conocimiento del Consejo Superior, por medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
Al respecto, me permito referirme primeramente en relación con la normativa interna que regula el tema en este Poder de la República, para posteriormente exponer las implicaciones prácticas para la Policía Judicial, producto del acuerdo adoptado.

En primer término, es importante acotar que el Reglamento para la Asistencia a Cursos, Congresos y Seminarios, promulgado a los doce días del mes de enero de mil novecientos ochenta y uno, contempla en su artículo N°4 “Las solicitudes presentadas deberán consultarse al Consejo de Personal y a la Comisión del Gasto, previo a ser conocidos por la Corte Plena, y cuando fuere del caso al Consejo Directivo de la Escuela Judicial y a la Comisión de Policía Técnica Judicial”(la cursiva no es del original). Disposición que es acorde con el acuerdo adoptado por ese Honorable Órgano, con la salvedad de que se atribuye la potestad correspondiente a la Corte Plena.

No obstante, es necesario resaltar que la disposición antes transcrita contrasta con el numeral 32 del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el Personal del Poder Judicial, Decreto Ejecutivo N°20324-J, emitido a los veintisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y uno, ya que en su párrafo primero establece que la participación en conferencias, seminarios, congresos o encuentros de tipo profesional o técnico que no excedan de un mes, podrán ser efectuadas las designaciones por el Presidente de la Corte. Además, en su párrafo segundo establece“...También en el caso de invitaciones cursadas a funcionarios judiciales, para actividades académicas, la participación en las cuales interese al Poder Judicial o sirva para darle realce dentro o fuera del país, se dará al funcionario permiso con goce de sueldo y los viáticos y facilidades posibles para el logro de tal objetivo, quedando autorizado el presidente para el otorgamiento del permiso o licencia respectiva” (la cursiva no es del original).

Por tanto, ante la evidente contradicción sobre el tema, el suscrito considera que debe prevalecer el numeral 32 del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el Personal del Poder Judicial, tanto porque especifica que se refiere a participaciones que no superen el mes, a lo cual se puede interpretar que el Reglamento para la Asistencia a Cursos, Congresos y Seminarios se reserva para aquellas asistencias que superen ese período; como en atención a la fecha de promulgación de ambos, lo cual ante cualquier contradicción implicaría una derogación tácita de este último mencionado.

Además, es importante recalcar que con posterioridad, el Reglamento para el Otorgamiento de Becas en el Poder Judicial, promulgado el 4 de noviembre del año 1.996, ratifica en su artículo primero la aplicación del mencionado Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el Personal del Poder Judicial.

Así las cosas, el suscrito considera que la prerrogativa de aprobación y designación de los servidores que acudan a cursos de capacitación por períodos que no superen el mes calendario, se encuentra dentro de las posibilidades legales del Señor Presidente de la Corte, y al ser éste, a su vez, el Presidente del Consejo Superior, implica que ese Honorable Órgano puede continuar conociendo tales asuntos de primera mano y sin la participación de otras autoridades administrativas, o en su defecto, que sea en forma exclusiva el Señor Presidente de la Corte quien conozca de estos asuntos.

Ahora bien, me permito respaldar mi interés de que sea el Honorable Consejo Superior o el Presidente de la Corte, quienes continúen atendiendo los permisos para acudir a cursos con duraciones que no superen el mes calendario, de acuerdo a las implicaciones prácticas imperantes en la Institución.

Primeramente, es importante recalcar que la capacitación brindada por la Escuela Judicial es sumamente básica, lo que ha implicado la necesidad que este Organismo ha experimentado de aceptar capacitaciones brindadas por diversas policía de otras latitudes, lo que ha permitido al personal mantenerse debidamente actualizado en las más recientes técnicas de combate a la criminalidad en diferentes especialidades, situación que incide trascendentalmente en el desempeño de las labores legalmente asignadas a la Policía Judicial.
No obstante, disposiciones como la de comentario, que adicionan la participación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial en el proceso de autorización para adiestramiento de los servidores judiciales, implican una mayor burocracia al procedimiento, a mi entender innecesaria según la normativa antes comentada, lo cual es contrario a la doctrina administrativa que busca la agilización de trámites, de lo que se ha hecho conciencia en los talleres de Reorganización Judicial en que he participado.
Además, nótese que las implicaciones propias de participar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial en el procedimiento mencionado, implicarán una ostensible reducción del aprovechamiento de capacitación ofrecida, ya que el artículo 1° del Reglamento de la Escuela Judicial, establece que se reunirá ordinariamente dos veces cada mes, y extraordinariamente cuando sea convocado. Por tanto, al no ser previsible que el mencionado Consejo se reúna extraordinariamente cada vez que exista necesidad por aspectos de capacitación ofrecida, será necesario presentar las invitaciones existentes con considerable anticipación.

Además, a su vez, el Consejo Superior ha establecido que los temas a incluir en su agenda deben presentarse con cierta antelación, por lo que este tiempo, más el que deberá transcurrir para que el Consejo Directivo de la Escuela Judicial conozca el caso, se constituirán en una limitante generalmente infranqueable, ya que en numerosas ocasiones los órganos que invitan a participar en sus adiestramientos, no realizan la comunicación con el tiempo necesario para cumplir tales requerimientos.

Sobre el tema, cabe resaltar que esta Dirección General no tiene ninguna inherencia para lograr que las capacitaciones ofrecidas se realicen con antelación, ya que son dadas por entidades externas que tienen su propia manera de trabajar, y las gestiones que hemos realizado en ese sentido no han fructificado. De hecho, para todos los efectos es este Organismo el directamente interesado en el adiestramiento ofrecido, y nuestra inasistencia no incidirá en forma alguna en su perjuicio. Situación contraria para la Policía Judicial, ya que sin este tipo de ayuda, nuestros oficiales estarán totalmente desfasados en sus conocimientos en un tiempo sumamente corto.

Por todo lo anterior, solicito la reconsideración del acuerdo que consta en el artículo LVII del acta correspondiente a la sesión N°04-05 celebrada el pasado 27 de enero, ya que considero haber demostrado la posibilidad normativa de que el Honorable Consejo Superior o su Presidente continúen conociendo las autorizaciones para participar en capacitaciones ofrecidas por períodos máximos de un mes, así como las nefastas consecuencias para este Organismo, de participar a dependencias adicionales, en virtud de la agilidad y prontitud que generalmente requieren los mencionados trámites.”
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Previamente a resolver lo que corresponda, se acordó: Solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, que en el término de 8 días contados a partir del recibo de este acuerdo, se pronuncie en cuanto a lo manifestado por el licenciado Rojas Vargas. Se declara acuerdo firme.”
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Los miembros del Consejo Directivo luego de una deliberación donde se tuvo en cuenta, en primer lugar, el papel rector que ha de cumplir la Escuela Judicial en los temas de capacitación de este Poder de la República, en segundo lugar, la importancia que tiene el acuerdo del  Consejo Superior al reafirmar este papel y, tercer lugar, el problema más importante que es el  diligenciamiento  oportuno de capacitaciones y becas de corta duración, usualmente ofrecidas por gobiernos amigos.

SE ACUERDA: Mantener  la decisión del Consejo Superior, eso sí, creando un sistema de tramitación flexible en donde el Director de la Escuela Judicial y los Jerarcas de los centros de interés beneficiados por la capacitación o beca decidan la oportunidad y necesidad institucional de dicha participación.  El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, como órgano colegiado con competencia para definir derroteros institucionales en el campo formativo, debe mantener su ámbito de decisión en todos aquellos casos donde no exista premura y haya tiempo de reflexión  detallada  sobre  las  propuestas  hechas a  los diferentes sectores  del  Poder Judicial.  En este último caso tomará en cuenta el Consejo no solo las necesidades institucionales sino también los diagnósticos disponibles en la Escuela Judicial que permitan aquilatar la más correcta orientación de los estudios  y especializaciones que se ofrezcan a los funcionarios judiciales. ACUERDO FIRME-

ARTICULO III

La Licda. Marta Iris  Muñoz se refiere al curso que se está organizando sobre Oralidad  ya que no está informada al respecto.

El Dr. Chirino dice que este tipo de cursos son de importancia institucional, en virtud de que se han detectado problemas en la oralidad en materia penal.  Estudios realizados por los participantes en el Programa de Administración de Justicia en Materia Penal de la Universidad Nacional, han permitido deducir graves problemas en el manejo de audiencias en materia penal.  Es por esta razón que considera que la iniciativa es importante, y puede incidir en una jurisdicción que requiere reflexionar sobre estos problemas.   Estima que, por esta razón, es que se ha pensado que la iniciativa de la Licda. Jenny Quirós debe ser respaldada para que se desarrolle un curso práctico sobre oralidad.  El liderazgo de este evento lo ha asumido la Presidencia de la Corte, es por ello que ha estimado correcto que la Escuela Judicial provea el apoyo estratégico que sea necesario para que el curso tenga éxito.

La Mag. Calzada manifiesta  que no le parece que la Presidencia de la Corte tenga el liderazgo del curso, pero sí la iniciativa, considera que lo conveniente sería que le den los recursos a la Escuela para que pueda organizarlo,  así como  en aquellos casos donde se da recursos a una comisión para que organice una capacitación.  La Escuela Judicial y la CONAMAJ habían presentado desde el año pasado la solicitud de recursos para brindar la capacitación  en Oralidad y se dijo que no se contaban con  recursos, pero ahora como es iniciativa de la Presidencia de la Corte sí hay recursos.  Toda iniciativa es bien recibida, pero considera que toda capacitación debe canalizarse a través del órgano correspondiente y no solo eso de que notifican su realización.

El Dr. Chirino aclara que la iniciativa realmente no fue de la Presidencia sino de la Licda. Jenny Quirós que venía con el compromiso, luego de su capacitación en el CEJA de Chile, de impartir cursos en esta materia.

La Mag. Calzada agrega que esa capacitación ya se había solicitado y  no se trata de que una persona  tenga un plus para decir que está impulsando tal materia,  eso no debe ser. Considera que este es un asunto que con la reforma judicial se debe entender, respecto a los  magistrados su función es dictar sentencias y ver algunos asuntos administrativos, pero si queremos reorganizar la casa, considera que estas iniciativas, que son importantes, deberían de canalizarse a través de la Escuela Judicial.  Ha de cobrarse conciencia sobre estos problemas para que no se sigan impulsando un gran número de actividades en donde la Escuela termina apoyando, pero con casi ninguno o muy escaso reconocimiento de su labor.  Además, la Escuela Judicial es el órgano competente para impulsar, desarrollar e integrar este tipo de iniciativas en los programas establecidos.

El Dr. Chirino dice que el curso de Oralidad es simplemente una demostración más de que eso existe, ya que si él no hubiera ofrecido el apoyo estratégico lo hacen, de todos modos, sin tomar en cuenta a la Escuela Judicial.

La Licda. Muñoz dice que está de acuerdo con todas las iniciativas que se reciban, pero no le parece eso de que por ejemplo llegue un subalterno suyo y le notifique que va para una capacitación o determinada actividad porque fue convocado por  una  comisión,  considera que es la Escuela Judicial es la que debe convocar.

La Mag. Calzada manifiesta que hay que buscarle una solución y dar la lucha que sea necesaria, así como también contar con la ayuda de los jerarcas en estos casos.

SE ACUERDA: Comunicar a la Presidencia de la Corte la inconformidad de este Consejo Directivo con respecto a la gestión que se ha venido realizando en el tema de la Oralidad recientemente, y la necesidad de que estas y otras iniciativas sean canalizadas y programadas desde un inicio con la Escuela Judicial. 

ARTICULO IV

El Lic. Ricardo Monge Bolaños, Secretario General  Interino, en oficio N°SP-23-05 de fecha 10 de febrero de 2005, transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión N°39-04, celebrada el veinte de diciembre de 2004, que dice:

“ARTÍCULO XXVI

Se autorizó al señor Presidente, para que proceda a suscribir en representación del Poder Judicial, el convenio “Marco de cooperación entre el Poder Judicial y el Colegio de abogados de Costa Rica, para la capacitación de abogados y abogadas en materia penal”.
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SE ACUERDA:  Se toma nota.

ARTICULO V

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. de la Escuela Judicial en oficio EJ-CAP-071-2005 de fecha 28 de febrero del año en curso dice:

“Adjunto me permito remitirles el oficio 675-05 suscrito por la Licda. Leda Méndez Vargas, Inspectora General del Tribunal de la Inspección Judicial, en el que solicita que se incluya a cinco servidores de ese Tribunal, en diferentes fechas, en los cursos denominados Vigilancia Estacionaria y Electrónica  y  Técnicas de Entrevista, programados por la Unidad de Capacitación del O.I.J., para ser impartidos durante el año en curso y que tienen como población meta a los investigadores del Organismo de Investigación Judicial.

     Al respecto, me permito indicarles que el Consejo Directivo en la sesión No. 02 , celebrada el 2 de febrero de este año, artículo XIII,  aprobó la participación de funcionarios del Ministerio de Hacienda en los cursos mencionados, siempre y cuando hubiera cupos disponibles ya que se debe dar prioridad a los funcionarios y servidores judiciales. Por lo  tanto,  de aprobarse la solicitud de la Inspección Judicial,  sería difícil satisfacer ambas gestiones sin afectar al Organismo de Investigación Judicial que se quedaría con 2 cupos menos en cada curso.

     Por ejemplo, en el caso del curso Técnicas de Entrevista que se ofrecerá del 4 al 6 de abril, se hizo necesario reducir el cupo a un máximo de 15 participantes, los cuales fueron asignados así: 14 espacios al Organismo de Investigación Judicial y 1 espacian al Ministerio de Hacienda, por lo que no habría posibilidad de incluir personal de la Inspección Judicial en ese curso, salvo que elimine la participación del Ministerio de Hacienda o se disminuya a 13 la cantidad de participantes del O.I.J.
   
      Para los cursos programados en otras fechas, en caso de aprobarse la gestión de la Inspección Judicial ello implicará disminuir la participación de los investigadores del O.I.J., desvirtuándose el mandato establecido en el artículo 3 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial que en lo que interesa dice: 

Artículo 3: La Escuela dispondrá de las secciones o áreas de actividad que se consideren necesarias. Una de ellas se destinará, exclusivamente, a la formación y capacitación del personal del Organismo de Investigación Judicial. (lo señalado en negrita no es del original)

      Aunque es agradable que se manifieste interés tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial por los programas que ofrece la Unidad de Capacitación del O.I.J.,  no puedo dejar de expresar mi preocupación porque el efecto que ese interés está generando es el envío de solicitudes de inclusión de participantes que,  al ser aprobadas, generan expectativas de asignación de espacios, lo cuales si se suministran disminuyen la participación de los investigadores del Organismo en los cursos diseñados específicamente para ellos.

       Difícilmente habrá espacios disponibles o que no sean utilizados por el O.I.J.,  y para poder asignar cupos, siempre se debe sacrificar los espacios que originalmente estaban destinados a los investigadores del Organismo de Investigación Judicial.
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SE ACUERDA: Aprobar la participación de un funcionarios del Tribunal de la Inspección Judicial en los cursos “Vigilancia Estacionaria y Electrónica” y “Técnicas de Entrevista”, siempre y cuando haya  cupos disponibles.  ACUERDO FIRME.

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL

ARTICULO VI

El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General a.i. del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N° 0139-DG-05 de fecha 22 de febrero de 2005 dice:

“En cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N°04-05 a través del Artículo LVII, referente a  que todas las invitaciones para capacitación  deben ser canalizadas previamente por medio del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, es interés del suscrito hacer de su estimable conocimiento que el Lic. Carlos Chacón Vásquez, Jefe a.i. de la Sección de Estupefacientes del Departamento de Investigaciones Criminales, remitió a esta Dirección General el oficio N°082-E-05, del cual se adjunta la copia respectiva, y en el que comunica la invitación que recibió del Sr. Stephen Gunzenhauser, Encargado de la Oficina de la DEA en Costa Rica, para asistir a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas.

La actividad se llevará a cabo en Chile del 05 al 07 de abril, para lo cual esta Dirección General considera valiosa la participación del Lic. Chacón Vásquez, y en virtud de ello es interés del suscrito, solicitar la gestión ante el Consejo Superior para otorgar el permiso con goce de salario por los días comprendidos entre 4 y el 8 de abril próximo, ya que se contemplan los días necesarios para su traslado.

Asimismo, tal y como se indica en las copias adjuntas, la DEA asumirá la totalidad de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. “

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SE ACUERDA: Aprobar la participación del Lic. Carlos Chacón Vásquez, Jefe a.i. de la Sección de Estupefacientes del Departamento de Investigaciones Criminales a la “Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, Chile del 5 al 7 de abril del 2005.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario  con sustitución del 4 al 8 de abril del 2005.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO VII

El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector  General  a.i. del Organismo de Investigación Criminal, en oficio 121-DG-05 de fecha 28 de febrero del 2005 dice:

por la Alianza Francesa
“Ref: Información sobre permiso de funcionario para participar de beca impartida por la Alianza Francesa

     Luego de externarle un atento saludo, me permito trasladarle copia fotostática del memorial número 053/SCTIP/05L, suscrito por el señor José Martínez Colet, Agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en Costa Rica, mediante el cual cursa invitación, a fin de que un funcionario de este Organismo se beneficie con un año de clases de francés otorgado por la Alianza Francesa.

Dicha invitación se efectúa a partir del día lunes 28 de febrero del presente año, sin devengar ningún gasto económico para la Institución. Así mismo, le comunicó que la presente beca, se llevará a cabo en tres trimestres, con un costo de 201.000 colones, los cuales serán cubiertos por la Embajada de Francia, quedando a cargo del designado únicamente el costo de matrícula y libros.

No omito informarle que el participante llevará los cursos en horas no hábiles sin afectarse el buen servicio público.

En virtud de lo anterior,  me permito informar a ese Honorable Consejo Superior, que esta Representación designó para los efectos antes señalados al señor Randall Zamora Zamora, Jefe de la Sección de Fraudes de este Organismo.”

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SE ACUERDA: Aprobar la participación del señor Randall Zamora Zamora, Jefe de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial en el curso mencionado.  Comunicar al Consejo Superior para su conocimiento. ACUERDO FIRME.

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO VIII

La Licda. Matilde González Aguilar, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, en oficio DTSP-120-2005 de fecha 24 de setiembre de 2005 dice:

“Se adjunta la solicitud realizada por la Licenciada Ericka Ovares Pacheco, Trabajadora Social de la Oficina Regional de Cartago, para que se le conceda permiso con goce de salario para asistir a la pasantía como parte del posgrado en Trabajo Social organizado por la Universidad de Costa Rica en convenio con la Universidad de Kansas, dicha actividad se realizará del 03 al 16 de abril, sin ningún costo para la institución; ya que la Universidad de Kansas costeará todos los gastos.

	Cabe destacar que esta pasantía le permitirá a la profesional profundizar en temas especializados relacionados con el área de valoración de Delitos Sexuales, programa en el cual la servidora se destaca en la actualidad como funcionaria del Poder Judicial.”
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SE ACUERDA:  Aprobar la participación de la Licda. Ericka Ovares Pacheco, Trabajadora Social, en la pasantía que realizará la Escuela de Bienestar Social de la Universidad de Kansas, a realizar del 3 al 16 de abril del 2005.  Comuníquese al Consejo Superior para la aprobación del permiso con goce de salario con sustitución.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO  IX

La Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República de Costa Rica, en oficio PGR-043-2005 de fecha  15 de febrero de 2005 dice:

“Reciban un atento saludo.  Según conversación sostenida días atrás, procedo a  indicarles los cursos  que impartirá la  Escuela Judicial y en los cuales estoy  interesada  para  que Procuradores y Abogados de la Institución  se capaciten.   

Lo anterior  con el fin de  que se nos concedan algunos cupos: 

Programa de Formación Complementaria

o	Aspectos Generales del Derecho Ambiental

o	Contratos Económicos Modernos I  y  II

o	Oralidad en los Procesos Judiciales 

o	Conflictos Colectivos de Carácter Económico y Social

o	Delitos Económicos

2. Programa de Resolución Alternativa de Conflictos

o	Curso   La conciliación en materia laboral

o	Curso   La conciliación en materia penal

3. Programa de Extensión

o	Resolución Alternativa de Conflictos

o	Derecho Contencioso-Administrativo

o	Derecho Laboral 

o	Derecho Constitucional

3.2. Escuela Judicial–ILANUD: Programa Mujer Justicia y Género
	
Derechos de las víctimas

3.4. Departamento de Medicina Legal– Asociación Costarricense de Medicina Forense

o	XIX Jornadas de Medicina Legal,  Salud en el trabajo y justicia en la valoración

3.6. Escuela Judicial–Minist. de Justicia–Instituto Nacional de Criminología

o	La relación entre los Jueces de Ejecución de la Pena y la Administración Penitenciaria. ¿El juez, contralor de legalidad o superior jerárquico impropio?

o	La realidad del Sistema Penitenciario Costarricense.  Logros, limitaciones y qué hacer

3.7. Proyección Internacional-Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ

o	Derecho internacional de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal
o	Conciliación para la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos

3.8. Escuela Judicial–Centro por la Justicia y el Derecho Internacional–CEJIL 

o	Taller   Derechos Humanos,  I y  II semestre  

3.9. Escuela Judicial–Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

o	Curso Propiedad Intelectual

3.12. ESCUELA JUDICIAL-UNICEF-CONAMAJ: Talleres sobre Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en los procesos penales

o	Taller  Interrogatorio de menores de edad y  directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales 

3.13. Escuela Judicial-Contraloría General de la República 

o	Curso  Integral sobre Contratación Administrativa y Actualización Jurisprudencial

3.14. Escuela Judicial-Fundación Konrad Adenauer

o	Conferencia  Derecho Constitucional 

6. Programa de Coordinación con las Unidades de Capacitación y Comisiones del Poder Judicial

o	Charla   Pertinencia y utilidad de la prueba

a.2. Unidad de Capacitación de la Defensa Pública

a.2.1. Actividades académicas en ejecución

•	Curso   Participación de la defensa en la etapa preparatoria

a.2.5. Actividades académicas en diseño

•	Bases del Derecho Penal y Teoría Jurídica del Delito

b) Comisiones del Poder Judicial
b.3. Comisión de la Jurisdicción Laboral 

•	Taller    Ley de Protección al Trabajador

7.2.  Investigaciones de la Red Iberoamericana de Escuela Judiciales (RIAEJ)

•	Investigación   Derecho Ambiental

8.3. Comisión de Jurisdicción Laboral 

o	Taller   Ejecución de sentencias en materia de seguridad social

o	Taller y conferencias  Propuesta de reforma al Código Procesal Laboral y su aplicación

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SE ACUERDA: 1) Solicitar a la Licda. Ana Lorena Esquivel, Procuradora General , el Plan de Capacitación de la Procuraduría General  del año 2005 con el fin de que la Escuela Judicial   solicite cupos en los cursos  que son de interés para los funcionarios  del Poder Judicial. 2) Trasladar a los Coordinadores de cursos de la Escuela Judicial para que incluyan  a los funcionarios de la Procuraduría General de la República en los cursos indicados siempre y cuando exista disponibilidad de espacios.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO X

El Lic. Mauricio Masís Murillo, Director Ejecutivo de la  Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), en oficio  N°032-CNMAJ-05 de fecha 18 de febrero dice:

“Reciban un cordial saludo por parte de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Por medio de la presente me dirijo ante ustedes para informarles que con motivo del X aniversario de la Comisión de la Competencia se ha coordinado junto con la Comisión del Consumidor, órganos adscritos al Ministerio de Economía  la realización de una actividad en materia de Derecho de la Competencia y Derecho de Consumo para jueces. 

Dicho curso – taller tiene como finalidad lograr una mejor capacitación en estos temas, pues cada vez son más los asuntos que fueron de conocimiento en tales instancias administrativas y se recurren a la vía judicial.  En virtud de lo anterior, se ha pensado en la conveniencia de realizar algunas charlas dirigidas a jueces y letrados del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sala Primera y Sala Constitucional, así como también a algunos Procuradores o abogados asistentes de Procuraduría, con el objetivo de reafirmar algunos aspectos esenciales sobre el Derecho de la Competencia y Derecho de Consumo. 

En la actividad se pretenden realizar dos talleres por cada módulo que se desarrollen en medio día  cada uno; el primero de los módulos tratara el Derecho a la Competencia y se encuentra programado para el mes de abril, por su parte el segundo versara sobre Derecho de Consumo y se pretende realizar en el mes de mayo del presente año, en las instalaciones del Colegio de Abogados.

Entre los objetivos generales que pretende  la actividad se encuentra:

1. Proporcionar herramientas a los  funcionarios de los órganos jurisdiccionales encargados de conocer las materias de derecho de la  competencia y derecho del consumo, para el análisis y valoración de casos en este campo. En especial el manejo de los principios y conceptos fundamentales en estas dos áreas.

2. Crear conciencia sobre la importancia de la promoción y protección del proceso de competencia y libre concurrencia entre todos los sectores involucrados, fundamentalmente, los órganos encargados de administrar justicia. 

3. Difundir las reglas de análisis con las cuales se han tratado distintas situaciones en los mercados, a efectos de valorar los efectos negativos y eventualmente, positivos de las conductas adoptadas por los distintos agentes económicos. 

4. Comentar los alcances de la aplicación de la legislación de competencia en Costa Rica.

Por su parte, dentro de los objetivos específicos de la actividad no hemos planteado: 

1.- Destacar el marco normativo en materia de derecho de la competencia y derecho del consumidor.

2.- Abordar los conceptos básicos de ambas materias.

3.- Analizar las conductas que son consideradas como prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472.

4.- Exponer la regulación del derecho de consumo en el marco jurídico costarricense, con fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política y la Ley No. 7472.

5.- Definir cuales son los principios que informan el derecho de consumo.

6.- Explicar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Consumidor, sus potestades y régimen de sanciones. 

7- Analizar casos prácticos y lo dispuesto al respecto por la jurisprudencia. 

Los talleres serán impartidos por funcionarios de la Comisión del Consumidor como de la Competencia, quiénes tienen alta capacidad y experiencia en la materia. Asimismo, como material complementario a la actividad, a los participantes se les hará entrega de una antología con material a fin a los temas y de un cd que contendrá  digitalizados los precedentes más importantes tanto de la Comisión del Consumidor como de la Competencia, así como de sentencias judiciales en las que se hayan tratado los temas que se pretender exponer.

Expuesto lo anterior, solicito por este medio autorización para la realización de la presente actividad la cual tiene el objetivo lograr una mejor preparación de los jueces en los temas analizados y que este sea el inicio de un proceso de capacitación constante en el que ambas partes nos veamos retribuidas con las observaciones, mejoras y conclusiones a las que podamos llegar, teniendo lo anterior la finalidad de lograr un mayor nivel en los operadores jurídicos que Administran Justicia.

Se adjuntan los contenidos de los cuatro talleres que pretendemos desarrollar.”

CONTENIDOS DEL CURSO TALLER EN MATERIA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA y DERECHO DE CONSUMO DIRIGIDA A LOS JUECES
(abril-mayo 2005)

Primer charla:

Introducción.
1.	Qué es un monopolio?
2.	Cuáles son las ventajas para un monopolista?	
3.	¿ Por qué es necesario que exista competencia?
4.	¿Cuáles son sus beneficios?	
5.	El origen de  las normas  de competencia en Costa Rica.			                                          

Regulación. Marco jurídico costarricense.	
1.	Artículo 46 de la Constitución Política.
2.	Objetivos de la Ley  No. 7472.				
3.	Campos de aplicación de la Ley  No. 7472.	
4.	Áreas de acción de la Comisión para Promover la Competencia (Normas Antimonopolio).

 Prácticas Monopolísticas Absolutas.			

1.	Definición
2.	Reglas de análisis
3.	Tipos:
•	Acuerdos para la fijaciones de precios.					
•	Acuerdos para limitar la oferta.
•	Acuerdos para dividir el mercado.			
•	Concertación en las licitaciones.	
4.	Casos relevantes que ejemplifican las prácticas.

Segunda charla:

 Prácticas Monopolísticas Relativas.			

1.	Definición
2.	Reglas de análisis
3.	Definición de Mercado Relevante Geográfico y Mercado Relevante de Producto
4.	Definición de Poder Sustancial en el Mercado Relevante definido.
5.	Tipos:
•	Distribución exclusiva según cliente, zona o tiempo	
•	Imposición de precios de reventa.			
•	Ventas condicionadas o atadas.					
•	Convenios de exclusividad.		
•	ycott vertical.					
•	Depredación de precios.				

6.	Casos relevantes que ejemplifican las prácticas.

•	Concentraciones.

Tercer charla:

Regulación del derecho de consumo. Marco jurídico costarricense.	
1.	Artículo 46 de la Constitución Política.
2.	Fin y objetivo de la Ley  No. 7472.				
3.	Campos de aplicación en materia de consumo de la Ley  No. 7472.	
4.	Función de la Dirección de Apoyo al Consumidor
5.	Concepto y alcances  de la definición “consumidor final”
6.	Principios que informan el derecho de consumo

Derechos y obligaciones. 

1.	Derechos del consumidor
2.	Obligaciones del comerciante
3.	Naturaleza jurídica de la CNC
4.	Potestades y régimen de sanciones
5.	Alcances del artículo 46 de la Ley no. 7472

Cuarta charla:
    
     Temas de interés
    
1.	El plazo de garantía
2.	Contratos de Adhesión y cláusulas abusivas
3.	Transparencia en la publicidad
4.	Régimen de Responsabilidad
5.	Competencia desleal con daño reflejo al consumidor  
6.	Tarjetas de crédito
7.	Casos prácticos y análisis jurisprudencial
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SE ACUERDA: Previo a aprobar trasladar la solicitud a la Dra. Ana Tristán Sánchez, Especialista en Educación de la Escuela Judicial para que valore el diseño de la actividad planteada e informe. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO  XI

El MBA. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano y el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal en oficio 010-CAP-05 de fecha 11 de febrero de 2005 dice:

“El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión celebrada el pasado 2 de diciembre del 2004 artículo VIIl tomó el siguiente acuerdo:

“Comunicar al MBA. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano y MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal que no se autoriza la emisión de certificados del “Taller sobre Ética Judicial” impartido los días 27 de setiembre, 4, 11 y 25 de octubre del 2004 por no encontrarse dentro del Plan de trabajo de la Escuela Judicial Judicial del 2004 y no haberse gestionado la respectiva autorización ante el Consejo Directivo para replicarlo…”

De conformidad con la conversación sostenida en la reunión efectuada el día 10 de febrero del 2004, nos permitimos por este medio solicitar reconsideración del acuerdo  de cita, fundamentalmente por los siguientes razonamientos de fondo:

•	El ciclo de charlas y el taller sobre “Ética Judicial” que se brindó en la capacitación que al  efecto estructuró este Departamento, surgió de una necesidad específica e impostergable  para los servidores judiciales que integran el Departamento de Servicios Generales.
•	El diagnóstico de dichas necesidades fue establecido mediante el análisis de ambiente laboral efectuado por el personal profesional del Servicio Salud para empleados.
•	Al momento de realizar la acción formativa denominada taller de  “Ética Judicial”, el mismo ya contaba con el diseño curricular correspondiente, definido y aprobado por la Escuela Judicial;  cumplimiento con ello con los aspectos técnicos y metodológicos correspondientes.

•	La actividad en su oportunidad fue aprobada por el Consejo Superior , así consta en la sesión celebrada por ese órgano  el 23 de setiembre del 2004, artículo XVI.
•	Este departamento ejerció los controles necesarios que garantizaron la permanencia de los participantes en el citado taller.
•	La actividad formativa y logística desarrollada por este Departamento, cumplió en todo momento con las políticas de capacitación definidas a nivel institucional.”
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El Dr. Alfredo Chirino informa que se reunió con el MBA. Mauricio Quirós Alvarez, Jefe de Desarrollo Humano quien le explicó la situación y le prometió que no volverá a ocurrir. Pero que le preocupa mucho que las personas que participaron y aprovecharon el curso no tengan ninguna posibilidad de reportar el curso al Departamento de Personal para efectos de carrera profesional etc., debido a que se ha negado la certificación por no haberse gestionado la autorización para replicar el curso ante el Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 

SE ACUERDA: Acoger la reconsideración anterior y se autoriza la confección de certificados a los participantes y docente del  “Taller sobre Ética Judicial” realizado los días 27 setiembre y 24-11 y 25 de octubre de 2004 con una duración de 8 horas.  Se comisiona a la Licda. Odalia Campos Villalobos para que gestione lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XII

El Lic. Jorge Segura Román, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, presenta correo electrónico que remitió la Dra. Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal a la Licda. Yamileth Achón Chin, Fiscal de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, el 25 y 28 de febrero del 2005 y que respectivamente dicen:
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“Buen día Licenciada Achón: luego de su llamada el día de ayer a María Felicia nos reunimos de nuevo con el Doctor Roldán durante dos horas.  Después de tratar de reducir la resistencia del Doctor al curso, por todos los métodos conocidos y desconocidos, el cauce del río parece devolverse, pero espera correo suyo o reunión con su persona donde quede claro que:
-el curso es del Departamento de Medicina Legal
-el programa, la clase, los contenidos, los objetivos fueron hechos por profesionales del departamento de Medicina Legal
-debe permitirse asistencia a otros profesionales que así lo tramiten de la forma debida, y si así se concediera tomar una de las dos propuestas que tratamos en la reunión con usted:

a)	M.P. primer curso 2005 con 15 cupos
b)	D.P. segundo curso 2005 con 15 cupos

o:

a)	M.P. (15 cupos) + D.P. (10 cupos) primer curso 2005.
b)	M.P. (15 cupos) + D.P. (10 cupos) segundo curso 2005

Por lo que solicito a su amable persona tomar en cuenta esos puntos y confeccionar correo al Doctor Roldán y creo que estaría todo arreglado.  Esta sería la última batalla para ganar la guerra.  Saludos.”
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“Estimada Licenciada Achón: Como puede observar en el correo que le envié  desde el 25 de febrero todos los puntos que solicita el Dr. Roldán y que fueron anotados por él (de su puño y letra) en una nota que entregó personalmente, fueron tratados en la reunión.  Usted puede ver que la redacción de las dos opciones para el curso del  primer o segundo semestre depende del debido trámite.  Si el Dr. Roldán se retira de la coordinación y del curso, yo también lo hago, pues me es absolutamente imposible poder asumirlo concomitantemente con mis obligaciones laborales y a esta altura del curso es irresponsable buscar un Médico forense para que lo coordine. Disculpe.”
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La Licda. Muñoz  informa que recibió una nota de la Licda. Enriqueta Rojas, donde le comunica que debido a que dentro del plan de trabajo se aprobó un curso de Medicina Legal, ella  se reunió con el Dr. Roldán y la Licda. Yamileth Achón  para hacer la programación según lo que se había acordado y los doctores le dijeron que el curso de Medicina Legal había sido  diseñado para ser impartido en la especialidad de administración de justicia, con énfasis en penal  de la Universidad Nacional y que el equipo humano de Medicina Legal fue el que se encargó de diseñar el curso y en relación con el modelo metodológico recomendaron bibliografía etc.  Además los doctores sugirieron que se incluyera  o se llenaran los espacios que quedaban en el curso con Defensores.  Considera que si hay duda al respecto se debería convocar a los doctores a una sesión para que aclaren el asunto y sea el Consejo Directivo quien tome la decisión.

El Lic. Segura manifiesta que la posición del Ministerio Público sigue siendo la misma y que ese asunto empezó hace tiempo y en su oportunidad la Licda. Muñoz había retirado su solicitud.  Hoy  se ha vuelto a retomar el asunto y no es tan cierto que este curso fue hecho por los médicos, simplemente se dio el curso,  el Ministerio Público hizo los materiales y se dijo que era para dar respuesta a los dictámenes médicos que ellos solicitan y a las estrategias que el Ministerio Público utiliza.  Considera que aumentar la cantidad de participantes afecta la calidad del curso y también que  este está diseñado solo para fiscales.  Agrega que conversó con la Licda. Achón  a raíz de los anteriores correos y le dijo que la jefatura mantiene el acuerdo de no participar con la Defensa Pública, asimismo indica que la Jefatura de la Defensa y el Ministerio Público nunca hablaron sobre este tema ya que el asunto se había decidido anteriormente.  El curso inicia mañana y parece que ahora los doctores no lo van a impartir y se tienen todos los materiales listos.

La Licda. Muñoz aclara que ellos siempre han actuado con trasparencia en el sentido de que la Licda. Rojas fue a buscar a los doctores para  que la atendieran y  con ellos fueron los que convocaron a la reunión.

El Dr. Chirino manifiesta que le preocupan que el curso no se vaya a impartir ya que está dentro del plan de trabajo de la Escuela y del Ministerio Público.

El Dr. Ardón considera que es necesario saber la verdadera razón por la cual ellos no quieren  impartir el curso, pero cree que este Consejo debe tomar en este momento una decisión enérgica al respecto ya que no es posible que si ya se había acordado algo, está firme y es un curso que forma parte dentro de los programas de la Escuela, está diseñado y listo para empezar mañana y que ahora digan los capacitadores que no lo dan, le parece que es una aptitud  totalmente irresponsable y además denota un desprecio hacia las sesiones de este Consejo.

El Dr. Chirino dice que hasta hoy  se está enterando del asunto ya que no tenía conocimiento de los correos electrónicos citados.

El Lic. Segura  menciona que el Dr. Roldán da el curso solo si se sigue la decisión dada por él en el correo, o sea que  él le esta diciendo al Consejo como debe de actuar y resolver.

El Lic. Francisco Segura Montero, manifiesta que entiende que el  curso solamente se había aprobado para fiscales,  por lo que está de acuerdo que se  llame la atención  fuertemente y se diga que el curso debe empezar mañana.

El Dr. Chirino agrega que los médicos dicen que ellos van a incluir Defensores porque el curso está diseñado genéricamente, por lo que le gustaría discutir ese tema personalmente con ellos.

La Licda. Muñoz manifiesta  que ella retiró  la moción y la idea era que ellos le ayudaran a  diseñar otro curso  dirigido a la Defensa Pública de acuerdo con lo que se acordó.

El Dr. Ardón indica que el correo dice que el curso es del Departamento de Medicina Legal, pero, puede ser  de cualquier departamento que forma parte de los programas de capacitación de la Escuela Judicial y no se trata de que todos tengan su propia independencia.
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SE ACUERDA: Convocar a los doctores Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal y al Dr. Jorge Mario Roldán Retana  a sesión del Consejo Directivo de la Escuela Judicial para mañana jueves 3 de marzo de 2005 a las 3:00 p.m. en la Escuela Judicial.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las once horas

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL